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La fiscalidad en la tokenización de activos

El cobro de impuestos ha caído en un inmenso gris legal en todo el mundo a raíz de la tokenización de activos.

La tokenización ha pasado de ser una novedad para convertirse en un fenómeno global. Esta práctica ha ayudado en gran medida a los inversores de todo el mundo, pero ha complicado a las autoridades fiscales de muchos países por la falta de herramientas y bases legales para poder monitorear las operaciones de los contribuyentes.

Una de las grandes ventajas que tiene la descentralización a la hora de manejar activos digitales es la operatoria sin la mediación de autoridades gubernamentales ni bancarias. Las transacciones se hacen a través de plataformas privadas, garantizando la seguridad y la confidencialidad de los operadores.

Sin embargo, esto ha supuesto un inmenso desafío para las autoridades fiscales de los países del mundo. Bien es sabido que la tokenización de activos ha ayudado a muchas personas a la hora de invertir y, por supuesto, a generar ganancias.

Al no haber ningún tipo de participación de bancos o entidades gubernamentales, las autoridades fiscales están limitadas a la hora de monitorear las actividades económicas de las personas, ya que no tienen acceso a la información que hay en la red. Las operaciones pasan desapercibidas y, en caso de la inversión, se les dificulta el cobro de impuestos.

Por esto, los gobiernos trabajan para poder establecer parámetros fiscales para la operación con tokens y otro tipo de criptoactivos.

¿Cómo se controla la actividad con tokens en materia fiscal?

El crecimiento del mundo de las criptodivisas ha marcado un precedente y ha forzado al cambio de muchas cosas. Una de ellas es la legislación de muchos países, ya que las reglas y tecnologías usadas para el control de las actividades económicas han quedado completamente obsoletas.

Es justo por esto que se ha acuñado el término de Economía Digital. Es decir, todo lo que se produce, distribuye, comercializa y consume a través de la red.

Si bien todo parece beneficiar a las partes implicadas, lo cierto es que sus características pueden limitar a los gobiernos. Estos ya no tienen libre acceso al comportamiento de sus contribuyentes y las rentas que obtienen.

En este sentido, organizaciones como la UE (Unión Europea), el G20 (Grupo de los 20) y también la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) han estado trabajando arduamente para crear un marco legal para regular este tipo de actividades en las redes.

Es así como se ha creado el término establecimiento permanente digital, que busca justamente crear un criterio global para determinar las rentas de una persona u empresa.

Uno de los mayores problemas que ha traído la globalización es la disputa entre autoridades tributarias por el principio de residencia (domicilio fiscal de quien obtuvo la renta) y el principio de la fuente (domicilio real donde se generó la renta). Ahora, lo que se busca es tener un criterio único, lo que facilitaría en inmensa medida este trabajo.

Uno de los mayores problemas que ha traído la globalización es la disputa entre autoridades tributarias por el principio de residencia (domicilio fiscal de quien obtuvo la renta) y el principio de la fuente (domicilio real donde se generó la renta)

La mayor parte de los países, principalmente los países desarrollados, apoyan la idea de regirse en función al principio de residencia. Esto serviría para reducir el uso de los paraísos fiscales.  Ya que muchas multinacionales han optado por abrir filiales en países con beneficios fiscales como Luxemburgo, Andorra o Suiza.

Estas serían las primeras bases para lograr un acuerdo globalizado para poder tributar las rentas económicas de personas y empresas a nivel mundial. De igual forma, en algún punto, esto permitiría la fiscalización de las rentas por medio de la web.

El gran objetivo sería la creación del impuesto digital. Algunos países empiezan a aplicar reglamentaciones para la creación de ganancias por medio de servicios digitales, pero está claro que aún no se tienen los marcos necesarios para lograrlo.

En su gran mayoría, los países que avanzan con estas medidas lo hacen por medio del cobro de IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los servicios digitales. Esto de una forma similar a cómo se hace en el comercio tradicional.

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No hay acuerdo entre los países sobre la tokenización de activos

Al analizar cómo aplican los distintos países estas medidas para regular a nivel fiscal la Economía Digital, queda en evidencia que se necesita trabajar para lograr ese acuerdo globalizado.

En distintos lugares del mundo se usan diferentes tipos de impuestos para los servicios digitales, así como tasas muy diferentes entre un país y otro.

Una de las pocas organizaciones que, de momento, intenta crear realmente este consenso global para la tributación de este tipo de actividades es la OCDE, que elaboró junto al G20 el Proyecto BEPS en 2013.

El Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) busca enfrentar la problemática de la planificación fiscal nociva de gran parte de las empresas multinacionales, que buscan disminuir sus cargas fiscales por medio de distintas maniobras.

Se sabe que muchas empresas han estado aprovechando los grises legales para disminuir sus cargas fiscales. Por esto, por medio del Proyecto BEPS, buscan adoptar criterios unificados y recuperar la confianza en los sistemas fiscales nacionales.

Mucho por hacer

Las autoridades fiscales de todo el mundo siguen trabajando para tomar medidas que les permitan enmarcar legalmente actividades como la tokenización de activos.

Mientras tanto, muchos entes gubernamentales continúan aplicando medidas aisladas para tratar de cobrar los impuestos de las rentas de sus contribuyentes por medio de la Economía Digital.

Son cientos de países los que intentan dar con la solución de la migración de la economía global al plano digital.

El panorama podría cambiar drásticamente con el paso de los años y podrían aparecer nuevos marcos legales a nivel global en los próximos años. 

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